LA PRODUCCIÓN DE CONFIANZA EN LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

𝐏𝐨𝐫: 𝐌𝐠. 𝐌𝐢𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐎𝐣𝐞𝐝𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬/𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐒.𝐀.𝐂.

Una sensación que nos ha producido la crisis por la cual atravesamos, es una permanente percepción de falta de control. Sin embargo, para las administraciones públicas en América Latina, no es una percepción nueva, dentro todas las percepciones que se tienen de ellas. Si tuviéramos que explicar en sencillo, una parte muy importante de la negociación entre la administración pública y la ciudadanía, es la generación de confianza. Y la confianza hacia la gestión pública entendida como una forma de comportamiento, de la cual depende muchas veces el impacto de los resultados de las políticas públicas, es particularmente importante discutir y analizar desde un marco de acción operativo. En qué sentido esta percepción de falta de control, juega un papel tangible en la eficacia de los gobiernos. Desde nuestra perspectiva, es la confianza o su ausencia, el elemento más palpable que logra una fuerte influencia en las políticas públicas. En el actual contexto, se ha formulado esta preocupación, desde el supuesto de que las relaciones cara a cara, son un requisito indispensable para generar confianza, y que ello, será difícil de lograr por el distanciamiento o nueva convivencia. Este tipo de relación presencial del Estado, en tiempos del COVID – 19, pone nuevamente de relieve, las condiciones en torno a la producción de confianza hacia los servicios públicos.

La evidencia reciente de que la influencia de la confianza en la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas es muy fuerte, es un argumento a favor para explorar el papel de la confianza, pese a los problemas metodológicos que ello puede implicar. A nivel global, la importancia de la confianza en el debate de la gestión pública, se hizo más evidente durante la crisis financiera del 2008. En el actual contexto del COVID 19, parte de los costos de lograr confianza, se observa en los constantes mensajes (ambiciosos o no) de los representantes del Gobierno a los ciudadanos y los costos que supone, a nivel político. Un marco para la compresión de los esfuerzos de las administraciones públicas, por producir confianza, es hacer hincapié en dos factores: la competencia y los valores. Por un lado, la correcta ejecución de los mandatos públicos y, por otro lado, los valores asumidos para la toma de decisiones.

La actual emergencia sanitaria, hace referencia a tres “puntos de presión”, donde la confianza hacia los servicios públicos se ganará o perderá: la relevancia de la salud pública (incluso sobre aspectos como el cambio climático), la preocupación por el crecimiento económico y los persistentes problemas de corrupción. El actual contexto, ha reordenado las prioridades y demandas de los ciudadanos y los gestores públicos deben de contar con herramientas confiables que articulen recursos con resultados, satisfactoriamente.

Una administración y gestión pública competente, produce servicios accesibles que evolucionan junto a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y, asimismo, debe de reducir la incertidumbre de los mismos. Esta acción, guarda relación con los valores, cuando se promueve desde la integridad y cuando se alinean las instituciones públicas con normas generales de conducta, como la equidad, tanto a nivel de los procesos como de los resultados. Al ser la confianza, un fenómeno subjetivo, basado tanto en la comprensión individual, como en las acciones fácticas, requiere tener presente el riesgo de la

falta de voluntad, disponibilidad o capacidad para alcanzar la satisfacción mutua de los agentes. Esta suerte de contrato psicológico, se sustenta en la elección de aquellas experiencias que limiten la vulnerabilidad y que identifique a aquellos servicios públicos como fiables incluso sobre otros potencialmente tan o más capaces. 

Cuando se tiene en cuenta que todas las acciones funcionan en la medida en que se implementan, se debe considerar que, las capacidades para implementar las políticas públicas dependen del nivel de desarrollo de los países. La competencia es una condición necesaria, tanto que cuando una administración pública es identificada solo por sus buenas intenciones, pero sin capacidad, esta limitando la producción de confianza a sí misma. Al mencionar sobre las capacidades del gestor público, esta no solo se limita al cumplimiento de su mandato, sino también a la capacidad de escucha a los ciudadanos. Los ciudadanos evalúan la gestión y administración pública, desde la perspectiva de su experiencia, así como lo hacen desde la equidad y justicia del proceso de la toma decisiones y sus resultados.

En este punto, es importante definir la confianza como a aquella construcción social, a partir de la cual la convicción de una persona de que otra persona o entidad, se comportarán de manera coherente con sus expectativas de conducta positiva. En las últimas décadas, tanto el sector privado como el público, han socavado a si mismos, el nivel de confianza que la ciudadanía tenía de ellos. Según estimaciones del año 2018, sólo el 34% de la población de América Latina, tenía confianza en su gobierno, 4% menos que en 2007.

Asimismo, diversos estudios señalan que el fortalecimiento del patrimonio institucional es hoy más que nunca, un factor clave para incrementar los niveles de confianza a las entidades del sector público. En ése marco, capacidades como la articulación interinstitucional, la planificación estratégica, la prevención de conflictos, simplificación administrativa, análisis de la calidad regulatoria, manejo de sistemas de compras y contrataciones, pueden mejorarla recuperación de confianza por parte del ciudadano, en tanto incrementen la equidad social. Pero, asimismo, la confianza esta compartimentada. Mientras un poder del Estado, puede gozar de cierta credibilidad, otro puede registrar niveles bajísimos de confianza. Esto sucede particularmente, con el poder judicial y más recientemente con el poder legislativo. Estas dinámicas, producen en el promedio, bajos niveles

de confianza en la mirada de conjunto, que resulta en situaciones aparentemente contradictorias como el incremento de bienestar y el descrédito de los gobiernos. Dicho de otro modo, los logros alcanzado por los países de América Latina en materia de modernización de la gestión pública, están constantemente amenazados por el riesgo de volver a altos niveles de pobreza, inseguridad, incumplimiento de regulaciones y el retorno a la informalidad. Todos estos aspectos, que se están observando en las últimas semanas a raíz de las medidas contra el COVID 19 y que han llevado a una polarización de la sociedad.

El Perú, se encuentra en un contexto donde puede perfeccionar el diseño institucional de sus políticas y que gocen de una mayor legitimidad. Esto es esencial para la cohesión social, reducir las desigualdades e incrementar la capacidad estatal para implementar las políticas públicas, esto si antes se realizan más esfuerzos por profundizar la integridad de los funcionarios públicos. Sin embargo, es necesario señalar que la corrupción no solo esta presente en el sector público, si es que la mayor parte de ella esta en el sector privado, muchas veces casi legalizada. De ahí que los mecanismos de transparencia de la gestión pública, pueden producir resignación antes que indignación.

Por último, la formación académica y la sistematización de conocimientos adquiridos en la solución de problemas de implementación de políticas públicas, es fundamental para incrementar soluciones frecuentes. Sin embargo, las plataformas de gestión del conocimiento aún no han sido tomadas en cuenta para contrarestar las demoras e ineficiencias registradas en la implementación de políticas, más por el contrario deben ser espacios donde nos prevengan a repetir errores y multiplicar soluciones e incrementen la confianza en el sector público. Este es el reto que queríamos señalar.

CEPEG “Formando expertos para un mejor Estado”

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