ENFOQUE SOBRE LA EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Con el objeto de mejorar los procesos para las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado, el Ejecutivo promulgó un decreto supremo en el 2017 que establece la reestructuración del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de que los funcionarios sean más transparentes en sus acciones y eficientes en las compras públicas.

Esta ley se ha ido perfeccionando para brindar un nuevo OSCE, de acuerdo con las exigencias ciudadanas, que le permita al Estado una mejor adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras y contratación de consultorías, con la única finalidad de que los tratos se hagan en forma transparente y no haya ninguna irregularidad que afecte a la economía del Estado o que el dinero vaya a otros bolsillos y no ingresen a la caja fiscal, en perjuicio del país.

En tal sentido, se determinó medios jurídicos específicos que permiten modernizar la administración pública, automatizándola y dinamizándola, así como la reorganización del OSCE. Sin duda, uno de los cambios importantes se encuentra en el artículo 2° referido a principios que rigen las contrataciones, como la libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental, social, equidad e integridad.

También se incorporaron otros puntos, como el referido a las modificaciones convencionales al contrato, indicando que sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar las partes pueden acordar otros cambios, siempre que las modificaciones deriven de hechos en relación con el perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a algunas de las partes y permitan alcanzar su naturalidad de manera oportuna y no cambien los elementos determinantes del objeto.

De igual manera, se modificó el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde especifica claramente que el OSCE podrá emitir directivas en materia de su competencia, siempre y cuando se refieran a aspectos de aplicación de su normatividad, como también la utilización de cualquier otro instrumento necesario para la implementación de los diversos procesos de contrataciones del Estado.

Estos cambios tienen como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan, promover la actuación de los funcionarios bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes y servicios, y obras que ayudarán a retomar la confianza y credibilidad de la población en el OSCE y mejorar su eficacia y eficiencia en su fiscalización y en los procesos de adquisición en la gestión pública.

Escrito por: Óscar Vizcarra Hidrogo/ Consultor empresarial y catedrático universitario

Publicado en El Diario Oficial El Peruano/ CEPEG no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores.

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