EL INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El ingreso al servicio civil, ya sea en los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 728, Ley de Fomento del Empleo; y 1057.

Régimen Laboral Especial, se realiza mediante proceso de selección, de acuerdo al principio de mérito y capacidad de las personas; con excepción de los cargos de confianza, conforme a los documentos de gestión interna de la entidad, para los cuales no se exige dicho proceso de selección.

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La exigencia legal del ingreso a la administración pública mediante concurso público de méritos se haya establecida en el artículo 5 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, vigente a partir del 1 de enero de 2005, bajo el siguiente texto:

“El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades”.

Asimismo, el artículo 9 de la Ley N° 28175, sanciona con nulidad los actos administrativos que contravengan las normas de acceso al servicio civil, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, tal como se dispone:

“La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permita”.

En cuanto, al Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y rectora del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, vigente a partir del 22 de junio de 2008; el artículo IV del Título Preliminar, referida a los principios del servicio civil y del compromiso del Estado al servicio de la ciudadanía, señala lo siguiente:

“Artículo IV.- El ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante procesos de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio del mérito”.

Al respecto, de acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1023, sus disposiciones son aplicables a todos los regímenes de carrera y formas de contratación de servicios de personal utilizados por las entidades públicas, sin que ello implique reconocimiento de derecho alguno, en tanto se implemente de modo integral la nueva Ley del Servicio Civil.

En el Régimen Laboral Especial regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, modificado por el artículo 3 de la Ley N° 29849, se precisa en el artículo 8 que el acceso al servicio civil es por concurso público:

“El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público”.

La única posibilidad de incorporación directa de personal al Régimen Laboral Especial sin concurso público se encuentra prevista en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29849 y está referida al personal mencionado en los numerales 1), 2) e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público (funcionario público, empleado de confianza y directivo superior), este personal sólo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro para Asignación de Personal de la entidad.

Asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, dictó la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, modificado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE, en la cual establece los criterios para los procesos de selección conforme se indica:

Artículo 4.- Procesos de Selección

Todo proceso de selección que realicen las entidades públicas debe considerar como mínimo las siguientes evaluaciones:

• Evaluación curricular.

• Evaluación de conocimientos o habilidades técnicas.

• Entrevista.

Las entidades públicas pueden aplicar las referidas evaluaciones en el orden que se considere más adecuado a las necesidades de cada puesto a convocar.

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Únicamente para los procesos de selección en el marco de la contratación administrativa de servicios sólo son obligatorias la evaluación curricular y la entrevista, siendo opcional aplicar otros mecanismos de evaluación.

La evaluación psicológica es opcional para todos los casos. No obstante, si es considerada dentro del proceso de selección, el postulante está obligado a someterse a ella. Los resultados de la evaluación psicológica son referenciales y no otorgan puntaje para efectos del proceso de selección, salvo que la entidad pública considere dicha evaluación como determinante para el perfil del puesto, previa opinión favorable de SERVIR a los términos de referencia o bases del concurso.

Las bonificaciones que se otorgan a aquellos postulantes por razón de discapacidad, por su condición de personal licenciado de las fuerzas armadas o que se determinen por norma expresa, son asignadas al puntaje final obtenido luego de las evaluaciones y entrevista realizadas en el proceso de selección.

Cabe precisar, que las disposiciones contenidas en la mencionada resolución son de observancia obligatoria para todas las entidades de la administración pública; de ahí que, sus disposiciones son aplicables a todos los procesos de selección que realicen las entidades públicas indistintamente al régimen laboral y/o nivel de gobierno.

Así, las entidades públicas sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley Marco del Empleo Público, norman los procedimientos internamente, ello en estricta observación de la Ley 28175 y el Decreto legislativo N° 1023.

Finalmente, con fecha 4 de diciembre de 2019, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitió la Ejecutoria Suprema Casación Laboral N° 21082-2017, que contiene principios jurisprudenciales de procedencia de la reposición del trabajador que realiza función pública cuyo contrato se ha desnaturalizado:

“Las reglas establecidas en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 6681-2013-PA/TC, “Caso Cruz Llamos” como precisión a “Huatuco” resultan plenamente aplicables al presente caso, que se trata de una trabajadora que realizó labores de limpieza para la Autoridad Nacional de Agua, entidad que según su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2010-AG, tiene comprendido a su personal dentro del régimen de la actividad privada, lo que determina que no le sea exigible, para la procedencia de reposición solicitada, que haya ingresado previamente por concurso público en una plaza vacante, presupuestada y de naturaleza indeterminada”.

Fuente: El Peruano / Fuente: Marco A. Castiglioni

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