PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS OBLIGATORIOS.

De acuerdo con el artículo 5-A de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Tiene por finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; propiciar la simplificación administrativa, el gobierno abierto, la coordinación institucional; la racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado; y la búsqueda de mejoras en la productividad y en la gestión por procesos; la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento, hacia la obtención de resultados.

El numeral 1.14 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente, entre otros, en el Principio de Uniformidad, el cual supone que la autoridad administrativa debe establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no sean convertidos en la regla general, toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

En ese orden de ideas, el numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos ni requieren de la aprobación de otra entidad y deben ser incorporados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Asimismo, las entidades públicas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de los procedimientos administrativos estandarizados dictados por la Presidencia del Consejo de Ministros, deberán actualizar sus respectivos Texto Único de Procedimientos Administrativos; caso contrario serán consideradas entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente; sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, tal como lo dispuesto en el artículo 58 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Sobre el particular, mediante Decreto Supremo N° 018-2021-PCM (8-2-2021), se aprobó 35 procedimientos administrativos estandarizados del sector Producción; asimismo por Decreto Supremo 019-2021-PCM (8-2-2021),se aprobó 5 procedimientos administrativos estandarizados del sector Educación; y mediante el Decreto Supremo N° 021-2021-PCM (9-2-2021), se aprobó 9 procedimientos administrativos estandarizados del sector Trabajo y Promoción del Empleo, todos ellos de tramitación de competencia de los gobiernos regionales, y que la metodología empleada para la determinación de dichos procedimientos administrativos se basó en criterios de priorización (demanda, análisis de calidad regulatoria, cantidad de requisitos exigidos), y en el análisis de las normas que regula la competencia de las entidades públicas.

Siendo así, se ha previsto que los procedimientos administrativos estandarizados cuenten con su respectiva Tabla ASME-VM modelo con los flujos óptimos, instrumento que registra ordenada y secuencialmente las actividades pertinentes que comprende el recorrido del procedimiento desde el inicio hasta su culminación, así como el registro de sus características como unidad de organización, tiempo y recursos, siendo su aplicación fundamental para que los gobiernos regionales procedan con la revisión y actualización de los derechos de tramitación.

A partir de la entrada en vigencia de los decretos supremos, los gobiernos regionales deben revisar y actualizar los derechos de tramitación en función a las tablas ASME-VM, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, Decreto Supremo que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las entidades públicas.

Finalmente, en cuanto a la fiscalización y supervisión, se ha dispuesto que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, conforme a sus competencias fiscaliza que los gobiernos regionales cumplan con aplicar los procedimientos administrativos estandarizados y con incorporarlos en sus respectivos Texto Único de Procedimientos Administrativos en los términos previstos por los decretos supremos.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a la Contraloría General de la República, a través de los órganos de control institucional de los gobiernos regionales, conforme a sus competencias, verificar de oficio que los funcionarios y servidores cumplan con lo previsto en la normatividad; y que corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las entidades de la administración pública que corresponda.

Fuente: El Peruano.

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