LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ.

La Constitución Política del Perú, como primera norma de nuestro ordenamiento jurídico; contiene entre otros, los principios básicos que permiten asegurar los derechos y deberes de las personas, así como la organización, funcionamiento y responsabilidad del Estado.

La Constitución es el fundamento de las demás leyes, se encuentra por encima de la legislación ordinaria; la Constitución como norma jurídica supone que ésta se convierte no sólo en auténtica fuente de derecho, sino en la norma delimitadora del sistema de fuentes.

Así, los principios, garantías, derechos y privilegios que la Constitución consagra son para asegurar el respeto a la persona, la libertad y los bienes de los habitantes de la República, así como el normal funcionamiento de las instituciones que no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su funcionamiento.

El Tribunal Constitucional en su sentencia Expediente Nº 0168-2005-PC/TC, fundamento 3 establece que:

“La Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante; por ende, la materia constitucional será la contenida en ella, y lo constitucional derivará de su incorporación en la Constitución”.

Lo fundamental de la Constitución es que consagra el principio de jerarquía y supremacía normativa que prevalece sobre toda norma en el sistema de fuentes normativas diseñado por ella; en este contexto tienen rango de ley, las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, el reglamento del congreso, las ordenanzas regionales y las ordenanzas de las municipales.

Asimismo, el Tribunal Constitucional respecto de la validez de la Constitución en el Expediente Nº 014-2003-AI/TC, fundamento 17 sostiene:

“La Constitución no está sujeta a una evaluación de validez formal, dado que no existe un precepto [superior] que haga las veces de una norma sobre su producción jurídica, en virtud de ser ella misma el fundamento y cúspide de todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Y es que la Constitución “define el sistema de fuentes formales del derecho… es la primera de las normas de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes… es la expresión de una intención funcional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa…”

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 050-2004-AI/TC, fundamento 1, precisa que la Constitución:

“(…) no se limita a su simple mención ni a la mera enumeración de sus funciones o de alguna competencia aislada, como puede ser el caso de los órganos o instituciones ‘constitucionalmente relevantes’, sino que determina su composición, los órganos y método de designación de sus miembros, su status institucional y su sistema de competencias, o, lo que es lo mismo, recibe ipso iure de la Constitución todos los atributos fundamentales de su condición y posición de órganos”.

En consecuencia, la Constitución Política del Perú crea al Estado, organiza los poderes públicos, determina sus competencias y funciones, así como las atribuciones de las entidades y públicas y de los responsables en su manejo; por ello cualquier decisión en cuanto al sistema organizacional del Estado, debe pasar previamente por su determinación a través de la Constitución.

En cuanto a norma, la Constitución prevalece sobre las demás y en ese sentido condiciona el resto de las normas, por cuanto determina la invalidez de aquellas que formal o materialmente contradigan las prescripciones constitucionales. 

La Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante; por ende, la materia constitucional será la contenida en ella, y lo constitucional derivará de su incorporación en la Constitución Política.

Finalmente, la Constitución Política del Perú fue promulgada el 29 de diciembre de 1993, publicada el 30 de diciembre y entró en vigencia el día 31 de diciembre del mismo año; lo que a la fecha cuenta con 27 años de vigencia.

A lo largo de estos años se han promulgado 24 leyes de reforma constitucional, se ha suprimido la firma de la Constitución del presidente Alberto Fujimori, se tiene dos interpretaciones auténticas mediante leyes de Congreso de la República; así como se han presentado cuatro demandas de inconstitucionalidad, siendo una de ellas contra toda la Constitución, la misma que fue declarada improcedente a través de la sentencia Expediente N° 014-2003-AI/TC.

Hay dos momentos de la historia donde los electores han decidido mediante referéndum, la primera el 31 de octubre de 1993, donde los ciudadanos votaron por el Sí para aprobar la Constitución 3.895.669 y los que votaron por el NO o sea desaprobando la Constitución 3.548.334; y el segundo referéndum del 9 de diciembre de 2018, sobre cuatro preguntas referidas a la conformación de la Junta Nacional de Justicia (SÍ 77% – 13.727.144), financiamiento de las organizaciones políticas (SÍ 77% – 13.667.716), prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios de la República (SÍ 77% – 13.598.123), y sobre la bicameralidad del Congreso de la República (NO 79% – 13.949.831).

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