LAS NORMAS CON RANGO DE LEY

En nuestro sistema constitucional tienen rango de ley primariamente las normas emanadas de las Cortes Generales, tanto leyes orgánicas como las leyes ordinarias, y las leyes que aprueban las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Conforme al artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el Presidente de la República y los Congresistas de la República tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales.

Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley (0.3 % – 75.864 ciudadanos).

La ley aprobada por el Congreso de la República, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días; en caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.

De otro lado, si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso de la República, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso de la República.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en su sentencia Expediente N° 047-2004-AI/TC, fundamento 16, fuentes normativas o formas normativas con rango de ley, establece:

“Las leyes.- Pueden definirse como las prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso de la República, conforme a un procedimiento prefijado por la Constitución”.

Respecto a la “ley” como fuente de derecho este Colegiado ha precisado que:

Con relación a la fuente normativa denominada ley, en sentido material, deben tenerse presentes dos puntos. En primer lugar, su expedición corresponde al Congreso de la República conforme al inciso 1 del artículo 102° de la Constitución, que establece que es atribución del Congreso dar leyes.

Atribución que descansa en los principios de soberanía política, consagrado en el artículo 45° de la Constitución, que establece que el Poder emana del pueblo, y en el principio representativo reconocido en el artículo 43° de la Constitución. Y en segundo lugar, que para la Constitución la fuente normativa denominada ley comprende a las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo constitucional y las que tienen una denominación asignada directamente por la Constitución y cuyas diferencias no radican en su jerarquía ni en el órgano que las expide, sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que regulan, agregando que

(…) conforme al sistema de fuentes diseñado por la Norma Suprema y a sus artículos 51.°, 200.° inciso 4), 102.° inciso 1) y 106.°, la categoría normativa de leyes comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tiene la misma jerarquía jurídica.

En efecto, atendiendo a los criterios jurisprudenciales expuestos respecto de la fuente o forma normativa ley, podemos considerar los siguientes tipos: Ley de reforma constitucional, Ley ordinaria, Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley de la Cuenta General de la República y Ley Orgánica”.

De otro parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia Expediente N° 00004-2019-PI/TC, fundamentos 1 y 2, respecto a los decretos legislativos como norma con rango de ley señala:

“El artículo 104 de la Constitución contempla la legislación ejecutiva mediante decretos legislativos, los cuales son fuentes de derecho que el Ejecutivo expide en ejercicio de una competencia que le es propia, dentro de las materias y en el plazo que establezca la ley autoritativa o de habilitación. Así, la expedición de un decreto legislativo es consecuencia del ejercicio de dos tipos de competencias que corresponden, a su vez, a dos poderes del Estado. Por un lado, el Congreso, quien siendo titular de la política legislativa del Estado se le ha investido de la competencia constitucional, de ejercicio discrecional, para delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de regular, mediante decretos legislativos, algunos temas que se encuentran dentro de su ámbito de competencia. Y, por otro lado, el Poder Ejecutivo, al cual se le ha investido de la competencia normativa de dictar decretos legislativos, con rango de ley, siempre que medie la correspondiente autorización del Parlamento para expedirlos”.

De la misma forma con relación a los decretos de urgencia en su sentencia Expediente N° 0003-2018-PI/TC, fundamentos 37 y 38, sostiene lo siguiente:

“La Constitución establece en el inciso 19 del artículo 118 que, le corresponde al Presidente de la República: “Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia”.

De la Constitución se desprende que la expedición de los decretos de urgencia debe cumplir con algunos requisitos formales: i) el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123 de la Constitución; y, ii) la obligación de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución en conexión con el artículo 91 del Reglamento del Congreso.

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