Conforme a las declaraciones públicas efectuadas por la presidenta de la República, la designación de los cargos públicos se efectuará en base a la comprobada capacidad profesional para cumplir una determinada función; excluyéndose criterios de tipo partidario, religioso o amical.
“La ausencia de la meritocracia debilita las bases de una gestión pública eficiente y profesionalizada, pues la priva de los cuadros más idóneos para las delicadas funciones del Estado”.
La ausencia de profesionalización en la administración publica afecta al cumplimiento de las metas y objetivos que afectan a la población. Un claro ejemplo de ellos es el caso de los fallidos procesos para compras de fertilizantes por parte del MIDAGRI, que luego de cuatro procesos fallidos aun no se concreta, vislumbrando una crisis alimentaria en este 2023.
Las consecuencias de no tener adecuada capacidad profesional y técnica en el estado la pagamos todos, en especial la población más vulnerable.
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