Colombia: crónica de una paz anunciada y frustrada.

El gobierno de Ernesto Samper cayó en una aguda crisis institucional en medio de un contexto social de rechazo a la violencia, apoyando soluciones negociadas para finalizar con el conflicto por años desatado. Es por ello que, para las elecciones presidenciales del año 1998, el discurso electoral de los principales candidatos giró en torno a la necesidad de establecer mecanismos de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y finiquitar, de la manera más razonable, con el conflicto. En ese sentido, Andrés Pastrana Arango, apoyado por la Gran Alianza por el Cambio en segunda vuelta, resultó elegido presidente, pues fue el candidato que, durante la campaña electoral, instrumentalizó mejor el discurso del conflicto, mostrando una actitud decisiva para enfrentar un proceso de paz. Su principal acción como presidente fue establecer una reunión con los principales mandos de las FARC, como, por ejemplo, Manuel Marulanda Vélez. Esta audaz acción representó el comienzo de uno de los mayores intentos por construir la paz en Colombia, así como también representó la crónica de un fracaso anunciado y la evidencia de un gobierno débil y un Estado sin las capacidades necesarias para abordar la problemática de la violencia.

Para efectos del presente artículo, se plantearán dos aspectos fundamentales que, desde una perspectiva integral, hicieron que dicho proceso terminara en una paz frustrada.

En primer lugar, el deterioro de la confianza. Antes de ahondar en este primer aspecto, es preciso señalar que “el Caguán”, manera popular de nombrar dicho proceso emprendido, se desarrolló desde el año 1998 hasta el año 2002, principalmente en la zona de despeje, la cual comprendía los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una extensión de 47.000 kilómetros cuadrados, y en donde se realizó el encuentro entre el recién elegido presidente de la república, Andrés Pastrana Arango con el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Este proceso poseía las siguientes características:

  • El proceso de negociación avanzó en medio de la confrontación militar (a excepción de la zona de despeje). Es decir, el gobierno había declarado el retiro de las fuerzas militares de dicha zona de despeje; sin embargo, la confrontación armada entre las FARC y el Estado seguía en pie (Ariza, 2014, p.18)
  • La elaboración de la agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia fue uno de los principales resultados, la cual incluyó temas relacionados al empleo, a los derechos humanos, a la política agraria, a la gestión de los recursos naturales, al modelo de desarrollo económico y social, a las reformas de la administración de justicia y del Estado, las relaciones internacionales, etc. (Ríos, 2015, p.66)
  • Se realizaron audiencias públicas, las cuales fueron transmitidas por televisión y en las cuales participaron más de 25.000 delegados, quienes presentaban propuestas de distintos grupos y sectores sociales.
  •  Representantes de gobiernos europeos y americanos, participaron en calidad de observadores y facilitadores.

Estas actividades se dieron sin previa suspensión de las acciones armadas por parte de las guerrillas, generando la desaprobación de sectores importantes de las Fuerzas Armadas. De igual manera, los grupos paramilitares, apoyados por grupos de poder local importantes, por sectores de las Fuerzas Armadas y por el narcotráfico, y críticos de las acciones del gobierno en el proceso de paz emprendido, persistían en su accionar disociador y violento (Velásquez, 2007, p.137). Por otro lado, dirigentes nacionales desaprobaban la manera en que el gobierno estableció los términos del proceso, argumentando la debilidad del Estado y la ausencia de un liderazgo nacional fuerte. La confianza, de esta manera, aspecto crucial para el desarrollo de este tipo de procesos, se fue deteriorando de manera progresiva, no alcanzando a cumplir con los puntos neurálgicos de la agenda de negociación. El asesinato de tres estadounidenses atribuidos a las acciones beligerantes de las FARC; la renuncia del Ministro de Defensa y catorce oficiales descontentos con el proceso emprendido; la ausencia de verificación internacional de la zona de despeje; el secuestro de un avión en San Vicente del Caguán; las acusaciones sobre el uso de la zona de despeje para dirigir ataques por parte de las FARC, esconder secuestrados y ampliar cultivos de coca; las denuncias sobre el fortalecimiento de los paramilitares y de sus acciones contrasubversivas que terminaban violando los derechos humanos de poblaciones enteras; entre otros aspectos, quebraron los puentes tendidos de las negociaciones, así como dificultaron el desarrollo del diálogo. El  proceso de paz emprendido no establecía mecanismos orientados a blindar los acuerdos generados entre ambos actores, y tampoco estructuraba estrategias que permitieran sostener la poca confianza ganada.

En segundo lugar, ausencia de elaboración política y programática. El proceso fue concebido como una iniciativa electoral audaz en un contexto crítico en donde la ciudadanía exigía acciones concretas por parte del Estado para el establecimiento de un proceso de paz. En ese sentido, el gobierno de Andrés Pastrana emprendió acciones decisivas que permitieran visibilizar ante la ciudadanía que la agenda pública del Estado tenía, en efecto, como prioridad poner fin a la violencia a través de la implementación de acciones concretas. Sin embargo, lo visible fue la insuficiente elaboración programática y política del proceso. Es decir, el gobierno de Pastrana se centró en convencer a los mandos de las FARC a entrar a un proceso de diálogo que sirva de antesala para establecer procesos de negociación dentro de los parámetros consensuados, obviando en gran medida la realización de un análisis estructural del contexto político que sirva de diagnóstico y/o de información de base para establecer líneas de acción estratégicas transversales y por cada uno de los actores involucrados en el proceso. Ampliar el panorama del conflicto desde un análisis estructural y funcional de los actores implicados y de sus dinámicas, discursos, recursos, capital político, hubiera permitido establecer decisiones y acciones, por ejemplo, al tratamiento de los grupos paramilitares y de sus alianzas con los grupos de poder local, fuerzas armadas y narcotráfico. También, hubiera permitido conocer más a fondo el nivel de relacionamiento existente entre las FARC y la población en las zonas de intervención de los insurgentes, de tal manera se hubieran podido establecer acciones conjuntas con la población a través de sus organizaciones sociales locales. En resumidas cuentas, la ausencia de una lectura política con un mayor nivel de análisis hubiera posibilitado la elaboración e implementación de programas de acción orientados a desarrollar una mejor planificación y mayor control del proceso.

Un aspecto adicional a resaltar guarda relación con la ruptura definitiva del diálogo y negociaciones. Esta ruptura se produjo el 20 de febrero de 2002, cuando la columna móvil de las FARC, Teófilo Forero, desvió un avión de una aerolínea comercial y lo obligó a aterrizar en plena carretera nacional para secuestrar al senador Jorge Gechem, quien iba como pasajero. Por otro lado, días antes las FARC habían secuestrado a la candidata presidencial Íngrid Betancur, del Partido Verde Oxígeno, y a su jefe de debate, Clara Rojas. Este acontecimiento propició la pérdida total de la confianza que a duras penas el gobierno de Pastrana, dentro de los problemas de inicio a nivel de abordaje político y programático, intentó construir. Seguidamente, el gobierno impulsó un proceso de reforma de las fuerzas armadas que implicó cambios a nivel institucional, uso de nuevas tecnologías y una nueva doctrina. El proceso paso por un proceso de internacionalización, considerando a las FARC como un grupo terrorista, equiparable a la red terrorista Al-Qaeda. El financiamiento recibido para el abordaje militar impulsado por el gobierno se concretó en el llamado Plan Colombia, el cual consistía en un paquete de ayuda militar por parte de los Estados Unidos a Colombia para la construcción de la paz y lucha contra el narcotráfico. Organismos internacionales y nacionales se alinearon a dichos objetivos, mostrando un cambio radical en el tratamiento del proceso y orientando los esfuerzos hacia una lógica que respondía a estrategias tales como la reactivación económica, impulsando el ajuste fiscal y financiero pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para imponer la austeridad en el gasto público; un proceso de paz negociado contra el narcotráfico, la corrupción y violación de los derechos humano, así como lucha el flujo de dineros del narcotráfico direccionados a las guerrillas y paramilitares. Para esto, el Congreso norteamericano aprobó para la región 1,319 millones de dólares, de los cuales 860.3 millones fueron destinados al Plan Colombia.

Respecto a este último punto expuesto, la ruptura con el proceso de diálogo y negociaciones implicó la puesta en marcha de un proceso de reactivación de la intervención militar, así como el impulso de una política gubernamental condicionada por los Estados Unidos,  lo cual evidenciaba una significativa ausencia gubernamental y de capacidades estatales para implementar un adecuado proceso de paz (Zapata, 20015). Esta debilidad mostrada por parte del gobierno se evidenció desde el primer momento de emprendido el proceso de paz establecido por Pastrana. El hecho de acceder de manera inmediata a la exigencia de las FARC y otorgar un territorio despejado militarmente, considerando que dicho territorio sería el lugar propicio para entablar procesos de diálogo y de negociación, revelaba un abordaje laxo de una problemática compleja, así como también revelaba el poco conocimiento que el gobierno tenía respecto a la forma de pensamiento de este grupo subversivo y a sus dinámicas generadas con otros actores fundamentales del procesos.

Finalmente, es preciso resaltar que el proceso de paz emprendido por el gobierno de Andrés Pastrana acentúo, a final de cuentas, el conflicto social y la violencia. La confianza, fundamental elemento para entablar conversaciones sobre una base racional de principios compartidos, fue entendida como una forma de abordar el problema basada únicamente en la empatía, en esa búsqueda pueril de considerar que las conversaciones “sinceras” y “transparentes” lograrían un cambio en la actitud de los subversivos. Esa fue, precisamente, la principal debilidad el proceso, además de haber sido instrumentalizado electoralmente. El “Caguán” nació como un proceso necesario y socialmente respaldado, cansado el pueblo colombiano de los niveles de violencia cometidos en sectores poblacionales principalmente del espacio rural por acción de los grupos guerrilleros, grupos paramilitares, narcotráfico y Fuerzas Armadas. Sin embargo, la falta de liderazgo, capacidades estatales y debilidad institucional, fueron algunas de las causas principales del frustrado proceso de paz, dejando, finalmente, que la ayuda internacional impusiera su visión, su modelo condicionado económica, política y socialmente, agudizando aún más las contradicciones y el fuego de la violencia. 

 

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