DE CRISIS LEJANAS Y CERCANAS

Desde el año 2013, Europa tuvo que hacer frente a una crisis migratoria de dimensiones solo comparables a los desplazamientos forzados provocados por la Segunda Guerra Mundial. Las guerras civiles de Siria e Irak, la descomposición de Libia y los interminables conflictos sectarios en Somalia y Afganistán constituyeron el principal desencadenante de lo que se convirtió en un flujo desordenado pero constante de inmigrantes desesperados por alcanzar las fronteras de la Unión Europea. Así, por ejemplo, en cinco años y solamente en Alemania, la suma de sirios e iraquíes refugiados alcanzó el millón de personas. En no pocos casos las políticas europeas ya existentes de integración social para inmigrantes resultaron insuficientes para hacer frente al nuevo desafío, especialmente en lo que respecta a las vulnerabilidades de los recién llegados, acentuadas, entre otras cosas, por la disparidad cultural existente con respecto a la población autóctona. Esta crisis, además, reveló la dificultad de coordinación entre los miembros de la Unión Europea para hacer frente al problema común y la caducidad de sus regulaciones y acuerdos migratorios. Un claro ejemplo, en suma, de una nueva realidad superando con creces un ordenamiento jurídico concebido para una realidad previa.

Este escenario, que parecía lejano al principio, ya no nos es ajeno. Lamentablemente, el desplome económico de Venezuela, aunado a su crisis política, ha provocado la migración forzada más importante de la historia sudamericana reciente y ha conllevado a que la región se enfrente a una situación parecida a la crisis migratoria europea, aunque, claro está, con dos particularidades que la diferencian de esta: la ausencia hasta el momento de una guerra abierta en el país emisor de migrantes y la afinidad cultural entre los venezolanos y los nacionales de los países receptores. Con todo, solo en Colombia los venezolanos sobrepasan el millón de inmigrantes, y en el Perú la cifra ya es cercana a los 700 mil, esto en un intervalo de tiempo de menos de tres años. Ello implica un desafío enorme para el Perú y sus vecinos, cuyos gobiernos ahora están obligados a diseñar políticas públicas que aseguren la pronta integración social y económica de esa masa de personas que tuvo que dejar un país azotado por las carencias y la inseguridad galopante. La tarea no es para nada fácil, no solo por los costos que pueda acarrear el diseño de tales políticas, sino, y más que nada, por la obligada necesidad de objetivos diáfanos para las mismas, por lo que se hace pertinente dilucidar prioridades y trabajar en función de estas. Dependerá entonces de la pericia de nuestros políticos y funcionarios el que las consecuencias de esta migración sean beneficiosas o perjudiciales para las nuevas generaciones de peruanos. Se debe tener presente, en todo caso, que una política de puertas abiertas solo es entendible y sostenible en el tiempo si el Estado receptor dispone de la capacidad y la voluntad para integrar a los migrantes que recibe, articulando políticas públicas que respondan a metas claras. Del mismo modo, una política de puertas cerradas solo es efectiva si se dispone de los medios y la voluntad necesarios para implementar las medidas elementales que permitan el efectivo control de las fronteras. Sin esa claridad, o mejor dicho, desde la ambigüedad, solo estaríamos asegurándonos problemas sociales futuros. Queda entonces enfocarse de manera decidida en la efectiva integración social y económica de los venezolanos que ya residen en nuestro país y al mismo tiempo adoptar una posición sostenible con respecto a las fronteras externas. El futuro del Perú lo agradecerá.

Categorías: Columnistas

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