El mérito, es definido como es el derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho, o el valor o importancia que tiene una cosa o una persona.

La meritocracia conforme a su etimología es un sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos.

La meritocracia en la Administración Pública se conceptualiza como una situación ideal en la cual la designación de los cargos y puestos en las instituciones se realice en base a los méritos, cualidades y capacidades de las personas.

Esta situación ideal, está lejos de conseguirse en nuestro  país, tal como lo muestra el informe de control efectuado por la Contraloría General de la Republica en el año 2019, en el cual se detectó que en el  87% (289) de los 332 gobiernos regionales y locales intervenidos se identificaron funcionarios de confianza que no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles, situación que debilita el servicio meritocrático, al no asegurar el acceso de funcionarios idóneos para el puesto que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales y la profesionalización de la función pública orientada a generar valor público en beneficio del ciudadano.

Respecto a este hallazgo la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) informó a la Contraloría General que no resulta válida la contratación, designación o encargo en un puesto (incluido los de confianza) de quien no cuente con el perfil establecido; no obstante, al no existir una norma expresa que regule este aspecto, se vulnera la adecuada designación de personal de confianza.

Ello evidencia la necesidad de reformular la legislación del servicio civil, en la cual se priorice los méritos, las capacitaciones y las cualidades y capacidades de las personas para la designación del personal en la Administración Pública.